El ex secretario de Medio Ambiente en la gestión estatal de Mario Marín, Francisco Castillo Montemayor, acusó impunidad contra nueve exfuncionarios que intervinieron en su detención bajo el delito “fabricado” de peculado en el sexenio de Rafael Moreno Valle, pues a dos años de la denuncia, se informó que no hubo ningún responsable.
Durante conferencia de prensa el agraviado recordó que fue detenido en el 2016 y pasó 14 meses privado de la libertad, posteriormente en el 2020 presentó una denuncia penal en contra de Jorge Dustano Reyes Santos, ex contralor estatal, el ex subcontralor Eugenio Mora Salgado, Francisco Eduardo Dueñas Zambrano, el exsecretario de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra Piña, así como el exfiscal Víctor Antonio Carrancá Bourget.
Además del agente del Ministerio Público, Roberto Armando Meneses Bonifaz, la jueza Idalia Arciniega Arias, Leonardo Jiménez Burgos y el ex presidente del Poder Judicial del estado de Puebla, Roberto Flores Toledano, pues fueron los implicados en su encarcelamiento.
Sin embargo, a 25 meses de este recurso legal, no hubo resolución a favor, con lo que acusó que hay encubrimiento por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que no se citó a nadie de los involucrados.
Añadió que el Ministerio Público no investigó a los agraviantes, así como omitió el análisis de los hechos de la denuncia donde exactamente se estableció la manera específica y concreta de cómo los funcionarios y servidores públicos antes enlistados actuaron para concretar su aprehensión.
Ésta decisión fue impugnada mediante un amparo indirecto con fecha de 12 de septiembre de 2022, pero no hubo un resolutivo a favor.
Por tanto, Castillo Montemayor refirió que en su caso hay abuso de autoridad, delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público, así como tráfico de influencias.
Es por eso que llamó a que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina tome cartas en el asunto y se haga un cambio en la impartición de justicia, ya que en cualquier momento algún ciudadano puede ser perseguido y acusado de delitos que no cometió.
