Los avances legislativos para proteger a las infancias de los posibles padres feminicidas, castigar a los agresores ácidos, sancionar la violencia digital, reconocer la identidad de las personas transgénero y penalizar la filtración, desde el servicio público, de fotografías y videos que atentan contra el proceso legal son el reflejo de la lucha constante de las mujeres para ponerle un alto a la violencia que viven cotidianamente y honrar la historia de Cecilia Monzón, María Elena Ríos, Olimpia Coral, Agnes Torres e Ingrid Escamilla.
La historia de cada una de las mujeres oriundas de Puebla, o que tuvieron alguna relación con la entidad, incluidas en este texto periodístico son diferentes, pero tienen como punto en común el haber sufrido algún tipo de agresión, que las hizo sentir vulnerables, expuestas, juzgadas y en algunos casos terminó por arrebatarles la vida, como en los casos de Cecilia, Agnes e Ingrid.
En el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, María Elena, sobreviviente de un ataque con ácido; Olimpia Coral, víctima de violencia digital, y Helena Monzón, hermana de la abogada asesinada Cecilia Monzón, coincidieron en que esta fecha se originó para exigir a las autoridades justicia por las mujeres que han sufrido violencia, para no dejar impunes los casos y trabajar en políticas públicas que ayuden a reducir las cifras que se tienen en materia de agresiones por razón de género.
Ley Monzón
El asesinato de la abogada Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022 en el municipio de San Pedro Cholula, evidenció la falta de legislación en la entidad para determinar la patria potestad de los menores de edad cuando los padres son los posibles feminicidas de la madre de sus hijos. Lo anterior porque el excandidato a la gubernatura de Puebla en el 2010, Javier López Zavala, fue señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como el presunto autor intelectual del crimen en contra de la activista, con quien sostuvo una relación sentimental, procreó un hijo y tenía una demanda por pensión alimenticia.
Según la FGE, hubo cuatro involucrados. Javier López y su exsecretario particular, Santiago Bárcena, propietario de uno de los vehículos utilizados para cometer el crimen. Los autores materiales fueron Jair N., sobrino de López Zavala y encargado de conducir la motocicleta, así como Silvestre N., quien efectuó los disparos que le arrebataron la vida a la litigante.
La pérdida de la mujer, de madre mexicana y padre español, conmocionó a nivel nacional e internacional, por lo que las autoridades de España hicieron un enérgico llamado al entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta para esclarecer los hechos. Sin embargo, meses después del crimen, la diputada del PT, Mónica Silva Ruiz, presentó la “Ley Monzón” para suspender al padre la patria potestad en lo que se desarrolla el juicio por el posible feminicidio en contra de la madre.
Fue hasta el jueves 2 de marzo del 2023 cuando el Poder Legislativo aprobó el proyecto en medio de aplausos y ovaciones por parte de los legisladores locales de las diferentes bancadas, aunque la propia impulsora del proyecto reconoció que la ley únicamente es el primer paso para atender la problemática.
Mientras se discutía el proyecto en el pleno del Poder Legislativo, Helena Monzón, hermana de la activista, estaba en los tribunales del estado en busca de una respuesta sobre su escrito de coadyuvancia para colaborar en el caso de su hermana, porque a casi un año de su muerte, las autoridades no han avanzado en la indagatoria, dijo la abogada en entrevista con El Sol de Puebla.
A la par, acusó que el Poder Judicial del Estado ha obstaculizado la impartición de justicia sobre lo ocurrido porque el juez Juan Carlos Malpica ha revictimizado a su familia debido a que no quiere reconocer a sus integrantes como víctimas secundarias de los hechos y la audiencia intermedia programada se suspendió bajo el argumento de que se tenía una gran carga de trabajo.
Helena, quien calificó de lamentable que, a pesar de tener que soportar la muerte de su hermana, tuvo que abandonar sus deberes laborales y alejarse de su sobrino para trasladarse desde España a México con el fin de exigir a las autoridades hacer su trabajo.
La abogada, quien tiene que hacer uso de seguridad privada por el riesgo en el que se siente ante el panorama de la investigación, lamentó que, aunque en el pleno los diputados corearon el nombre de su hermana por el avance legislativo, la justicia para su compañera de vida, como se refirió a Cecilia, todavía se vislumbra muy lejos, porque no hay progreso e inclusive en enero del año en curso se liberó por falta de pruebas a Santiago, uno de los implicados.
“Estoy aquí para seguir exigiendo esa justicia (…) me pone de los nervios tener que venir a este estado, a este país, a venir a exigir lo más básico, que son nuestros derechos fundamentales (…) he venido del Consejo de la Judicatura para intentar obtener una respuesta”, dijo.
Con un semblante rígido, opinó que el siguiente paso en los temas legislativos es que se realice un padrón para conocer el número de niñas y niños que han tenido que vivir con los posibles agresores de sus madres, porque es una situación que afecta el desarrollo de los infantes y también expuso que se debería cuestionar si un varón con conductas violentas puede hacerse cargo de la patria potestad del menor cuando la madre fallece.
Por separado, Mónica Silva, quien presentó la ley con el nombre de la abogada, señaló que al enterarse del asesinato de Cecilia Monzón sintió un gran dolor e impotencia porque días atrás la activista había tenido un gesto amable con ella por la agenda que maneja en el parlamento poblano y su muerte la hizo recordar que las mujeres no se encuentran seguras en ningún momento, porque en un segundo pueden asesinarlas.
Con la voz entrecortada y los ojos llorosos afirmó que su propuesta fue lo mínimo que pudo hacer desde su trinchera porque “la abogada de las mujeres”, apodo con el que conocían a Cecilia, hubiera hecho lo mismo por ella o cualquier otra mujer que estuviera en una situación de peligro a manos de la persona con la que tuvo un hijo.
“Si a alguien tan conocida se le puede arrebatar la vida sin ningún cuestionamiento, evidentemente me hizo recordar el constante riesgo en el que estamos todas las mujeres (…) no puedo ni siquiera imaginar que puedo perder a mi hija o que mi hija estuviera desaparecida y no me ayudara nadie”, expresó.
Ley Malena
El mismo día que el Congreso del estado aprobó la normativa anteriormente mencionada se avaló la “Ley Malena”, que está inspirada en la historia de María Elena Ríos, caso que ha estremecido a la sociedad de México porque el 9 de septiembre del 2019 fue víctima de un ataque con ácido, el cual habría sido orquestado por su expareja sentimental, el entonces diputado de Oaxaca, Juan Antonio Vera Carrizal, quien presuntamente les pagó a unos hombres para perpetuar el acto.
Malena, como le dicen de cariño sus amigos cercanos, es oriunda del estado vecino, estudió música en el Conservatorio de Puebla y hasta la fecha todas las apariciones públicas que hace son con el uso del cubrebocas porque todavía le impacta la forma en la que luce su cara luego de que unos hombres le rociaron la sustancia corrosiva.
De primera mano narró que tras las agresiones de las que fue víctima su vida cambió radicalmente porque más del 50 por ciento de su cuerpo sufrió afectaciones por el líquido que le aventaron sin compasión alguna y recientemente su presunto agresor salió de la cárcel porque consiguió el arresto domiciliario para el resto de su condena.
Desde las instalaciones de este medio de comunicación, celebró el proyecto que impulsó la legisladora local del PAN, Aurora Sierra Rodríguez, para que los ataques con ácido sean tipificados como una tentativa de feminicidio en Puebla, por lo que los agresores pasarán hasta 40 años en la cárcel y lamentó que el integrante del PRI, Néstor Camarillo Medina, buscó sumarse a la causa porque fue un priista quien buscó matarla años atrás.
Manifestó que el próximo paso es que las autoridades del estado implementen una campaña de sensibilización para dar a conocer de qué trata la violencia con ácido porque es un tema que se ha abordado poco, así como brindar ayuda con los tratamientos físicos a las víctimas ya que son muy costosos y en la mayoría de las ocasiones las mujeres son incapaces de pagarlos.
La artista dedicada a la música dijo que el 8 de marzo es una fecha en la que se hace un llamado a las autoridades para no dejar impunes los casos de las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia y afirmó que pese a la lucha personal que mantiene para hacer justicia por su caso, uno de los motores que le da fuerza para insistir legislativamente son sus abuelas, así como sus padres.
Afirmó que también lo son otras mujeres porque no quiere que ninguna otra persona de su género sea víctima de un atentado de ese tipo que, además de dejar huellas en la piel, es un acto atroz que tiene como principal objetivo desaparecer a la víctima de una forma muy cruel.
“Otra de las cosas que me hacen sentirme fuerte son ustedes. A muchas no las conozco, pero sé que están y yo estoy gracias a ustedes (…) no quiero que vivan lo que yo viví. Así como muchas mujeres, no tenía contexto de lo es ser mujer y vivir en México”, subrayó.
Para Aurora Sierra, subir a tribuna con el fin de presentar la propuesta del Legislativo fue uno de los momentos más difíciles a los que se tuvo que enfrentar en lo que va de la legislatura, porque al convivir con algunas de las víctimas se percató de la falta de políticas públicas para ese sector de la población, del cual se desconoce una cifra precisa de mujeres afectadas.
“Es de los discursos en tribuna que más me ha costado decir (…) es de los procesos que más me ha costado porque es un proceso de violencia sumamente doloroso, peligroso. Entonces para mí, en el marco del 8M, por supuesto que es un logro, pero pienso en las sobrevivientes y de verdad es inexplicable”, asentó.
Reconoció que como diputados locales tienen mucho por hacer y debe realizarse en tiempos cercanos para evitar que en un futuro próximo las agresiones con ácido se normalicen. Asimismo, adelantó que podría presentar otra serie de propuestas para fortalecer la ley en honor a la saxofonista.
Ley Olimpia
A casi cinco años de que un video íntimo de Olimpia Coral Melo se hizo viral sin su consentimiento en Huachinango, municipio de donde es originaria, la activista consideró que a pesar de los altibajos a los que se ha enfrentado en la lucha para reconocer la violencia digital en Puebla, otros estados de México, así como países vecinos, ha valido la pena porque es un tema descuidado en la agenda de los parlamentos.
Con una expresión seria y melancólica, la mujer reconoció que ella no pidió volverse activista pero su historia de vida la orilló con el fin de intentar hacer justicia porque cuando se divulgó la grabación, la gente la criticó, señaló y culpó, situación por la que en tres ocasiones intentó suicidarse.
“Yo no pedí esto. Yo no pedí que difundieran un video sexual para después hacerme famosa. Yo no pedí las ganas para aborrecer mi nombre. Yo hubiese no querido y ojalá desease que ninguna mujer tuviera que vivir una condición de violencia para hacerse activista, para luchar por su propia justicia”, asentó.
Desde hace algunos años Olimpia Coral tuvo que dejar sus hobbies favoritos, como pasar tiempo con sus mascotas y viajar para presentarse en las tribunas de los diferentes Congresos del país a exponer los motivos por los que se debe sancionar la violencia digital.
En la actualidad, después de ver el crecimiento del conjunto de reformas que la gente llama con su nombre, señaló que ha valido la pena enfrentarse a las críticas sociales porque, así como su caso, existen muchos a nivel local, nacional e internacional.
Con motivo del 8M, que se conmemora hoy, comentó en un emotivo mensaje que si pudiera decirle algo a su versión del pasado sería que siguiera en la lucha porque en el camino ha encontrado mujeres que la respaldan y coinciden con su causa.
“Yo creo que cuando veo hacia atrás puedo ver a esa Olimpia temerosa, escondida, repudiando su cuerpo, solicitando espacios para que el Legislativo me reciba (…) si yo regresara el tiempo le diría a esa Olimpia de esa edad, le diría que siguiera luchando porque sí íbamos a cambiar la manera de ver esta violencia”, asentó.
Pese a que en las conferencias y parlamentos recibe muchos aplausos por su lucha, relató que todavía es víctima de muchas injusticias derivado de las críticas que recibe en redes sociales de las madres de los hombres que en algún momento difundieron el video de alguna mujer sin su consentimiento y la llaman “culpable”.
“Se les olvida que atrás del trabajo político, del activismo, la defensoría, hay mujeres, somos personas, somos seres humanos. A pesar de que siempre son aplausos, que son una forma de tener incentivos para seguir con la lucha, también son preocupaciones”, expresó.
La denominada Ley Olimpia es una serie de reformas legislativas que reconocen la violencia digital como un delito y sanciona con cárcel a quien viole la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.
Las reformas se han aprobado en más de 15 Códigos Penales de diferentes entidades federativas, entre ellas Puebla, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Morelos.
Ley Agnes
Agnes Torres Hernández fue una activista de la comunidad transexual que durante años luchó para que la identidad de género fuera reconocida en el estado, pero no pudo ver concretado su logro porque en marzo del 2012 fue asesinada a manos de Jorge Flores Zechinelli, el autor material e intelectual que después de 10 años recibió una sentencia de 45 años por el crimen.
Era originaria del municipio de Tehuacán y contaba con una licenciatura en Psicología por la Universidad Veracruzana. Sin embargo, la institución se negó a reconocer su identidad como mujer trans y el documento aparecía con el nombre que fue registrada al nacer.
De acuerdo con Gabriela Chumacero, integrante del Grupo Transgénero Puebla, ese fue uno de los motivos por los que Agnes Torres comenzó a incursionar en el activismo con el fin de reconocer la identidad de las mujeres y hombres transexuales.
Después de una década del asesinato, la oriunda del municipio ubicado al sureste del estado es recordada como una mujer alegre, culta e inteligente y que luchó para erradicar la discriminación en la entidad.
El cadáver de Torres Hernández fue encontrado por un representante social en la barranca denominada Xaxocuapatle, del municipio de Atlixco, después de ser reportada como desaparecida. Según la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Puebla y de acuerdo con las investigaciones, murió a causa de pérdida de sangre por una herida por degüello.
Después de casi nueve años, el Congreso de Puebla aprobó por la presión de los colectivos la denominada Ley Agnes para reconocer la identidad de género auto percibida de las personas trans, pero Gabriela Chumacero mencionó que los pendientes todavía son muchos en materia de la comunidad debido a que todavía son víctimas de discriminación.
“La gente todavía nos llama ‘señores’, nos discrimina, todavía queda mucho por hacer, no solo legislativamente, sino socialmente”, expresó.
Como mujer transexual opinó que los legisladores locales también deberían presentar propuestas para erradicar la violencia en el ámbito laboral, un área donde aún permea mucho y a la que tienen que enfrentarse de manera cotidiana porque deben buscar un sustento para sobrevivir.
Ley Ingrid, el pendiente del Congreso de Puebla
La divulgación de imágenes sin censura con el cuerpo inerte de Ingrid Escamilla Vargas tras ser asesinada el 9 de febrero del 2020 por su pareja sentimental, Erick Francisco Robledo Rosas, fue la inspiración de la ley con el nombre de la mujer originaria del municipio de Juan C. Bonilla para evitar ese tipo de filtraciones, tema que en el Congreso de Puebla sigue pendiente pues hasta la publicación del texto no ha sido abordado.
Ingrid fue privada de la vida en un departamento en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendieron un llamado de emergencia y al interior del departamento encontraron a Erick Francisco con abundantes manchas en la cara y ropa postrado en el piso el cuerpo sin vida de Ingrid.
Luego de ser arrestado como el principal sospechoso, confesó a los policías que después de una discusión que sostuvo con su pareja una noche anterior, optó por atacarla con un cuchillo de cocina en el cuello y así matarla. Además, reconoció que su intención era descuartizarla y deshacerse del cuerpo, pero no pudo hacerlo por la llegada de los agentes.
Sin saber los motivos, dicha grabación de audio se hizo pública, al igual que una serie de fotografías de la escena del crimen en donde se veía el cuerpo desollado de Ingrid, imagen que inclusive apareció en las portadas de varios medios de comunicación, en donde algunos de ellos mofaron de la situación y colocaron encabezados re-victimizantes.
Ante este panorama, en la Cámara de Diputados se avalaron una serie reformas conocidas como la “Ley Ingrid” para tipificar y sancionar la difusión de información o material audiovisual de delitos relacionados con violencia de género, así como evitar la revictimización por parte de las autoridades o personas que deban impartir justicia.
Dicho proyecto también obtuvo luz verde en el Congreso de Oaxaca. No obstante, en Puebla se encuentra dentro de los temas que están en la congeladora. El 26 de mayo la diputada local del PT, Nora Merino Escamilla, subió a tribuna para proponer la legislación. El proyecto fue enviado a comisiones para su estudio y ahí sigue atorado.
