Dos años después de la fulminante muerte por envenenamiento de la pequeña perrita de raza maltés, Cussy, en el municipio de Tehuacán, a causa de una riña entre vecinas, la presunta responsable de su fallecimiento fue vinculada a proceso. Ahora, será labor de la justicia poblana garantizar la aplicación de la ley, señaló en entrevista la vocera de la asociación civil TAC, Una Protección al Entorno, Patricia Aguilar.
El pasado 7 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que, tras dos años de investigación, se logró consolidar el material probatorio en el caso de la canina que, presuntamente, fue asesinada por una habitante de la junta auxiliar de San Pedro Acoquiaco, demarcación en la que ocurrieron los hechos en 2020.
Por esta razón, un juez de control aprobó la vinculación a proceso de Yolanda N., quien, según señaló la autoridad ministerial a través de un comunicado, es la principal sospechosa de haber ofrecido a la perrita una lata de atún la cual, de forma premeditada, fue manipulada con un distintivo “polvo blanco”.
Actualmente, la imputada aguarda a que un togado defina su situación jurídica, mientras tanto, el Poder Judicial del Estado de Puebla impuso una serie de medidas cautelares contra la acusada, entre las cuales se incluyen, la prohibición de acercarse la dueña de la canina o a testigos que presenciaron el acto, además de la obligación de acudir a firmar de forma periódica en la representación judicial regional.
Así han transcurrido los hechos
Inconcebible, injustificado y vil, es como Patricia Aguilar describió lo que ocurrió el 28 de marzo de 2020, día en que Cussy ladró de alegría por última vez. La tierna e inquieta perrita de color café, con “unas orejas hermosas” y unos prominentes ojos redondos, sufrió la consecuencia fatal de un pleito vecinal, pues una mujer cumplió con su amenaza de envenenar a la perrita.
“La familia de Cussy tuvo una discusión con una vecina y esa vecina decidió decir que la iba a envenenar, entonces, finalmente sí fue envenenada y perdió la vida la perrita (…) Me parte el alma verla (su fotografía) y pensar que estaba sufriendo”, relató conmovida la activista de Tehuacán.
Desde entonces, la dueña de la canina decidió interponer una denuncia formal contra la presunta agresora. Para agilizar el trámite, la asociación civil ofreció brindar su acompañamiento y fue así como empezó la parte medular del arduo camino ministerial.
Y es que, además de las diversas trabas generadas por la defensa de la imputada, las autoridades regionales de la FGE buscaron “entorpecer” la búsqueda de justicia en este caso, especialmente por la carente sensibilización del personal.
“Los funcionarios locales tienen que aprender a cumplir su deber (…) sin distinción. [Duele] encontrarte, en un escritorio, una piedra, o que te digan ‘Pues cómprese otro… ya sé que su vecino lo mató, pues vaya y cómprese otro’ (…) Muchas veces, las torpezas de los funcionarios locales de la Fiscalía, dan trabas”, refirió.
No obstante, los obstáculos institucionales son sólo apenas una aguja en el pajar, pues los retos más complejos los genera la sociedad, particularmente a través de la apatía y la perpetuación de actos violentos contra el resto de seres vivos con los que la humanidad comparte la existencia en el planeta Tierra.
Es por ello que, la vinculación a proceso de Yolanda N. es un acto histórico, especialmente en el contexto adverso que otros casos similares han tenido, no sólo en Puebla, sino en todo el país.
“Es un avance, para aquellas personas que creen y que van por la vida pensando que nunca les va a pasar nada al golpear a un perro, que pueden patearlo, violarlo e inclusive navajear, o darle de de balazos, y que no les va a pasar nada. La gente lo tiene que tomar en serio porque vamos a llegar hasta el final y vamos a tratar de que se le haga justicia a un perro o a un gato”, subrayó.
Apuntó que, tan sólo en lo que va de 2022, se han presentado 84 denuncias por maltrato animal en territorio tehuacanero. Pese a que la cifra, lastimosamente, ha ido en aumento, le atribuye este hecho a que la incidencia de denuncia es cada vez más alta, lo cual representa un avance en el respeto a los derechos de la fauna. No obstante, aún prevalecen casos en los que el sigilo y la indiferencia son predominantes.
Finalmente, mencionó que, de acuerdo con el Código Penal del Estado, la mujer acusada podría enfrentar hasta 10 años de prisión. Por lo tanto, su deseo actual es que la justicia poblana pueda definir una sanción acorde al delito cometido presuntamente por Yolanda N.
