El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reconoció que la cantidad de recursos públicos destinados a Volkswagen y Audi para detonar el desarrollo económico en la entidad es “enorme”, sin embargo, recordó que esas obligaciones fueron contraídas por sus sucesores, inclusive, detalló que su administración ya investiga la asignación de capital para la llamada Plataforma AUDI, que fue entregada por el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Tras conocerse que en la iniciativa de la Ley de Egresos 2023, el gobierno del estado destinó 2 mil 500 millones de pesos para hacer frente a las obligaciones contraídas por administraciones pasadas, el mandatario estatal refirió que la mencionada cantidad es alta.
“Los subsidios a las armadores están en los contratos de desarrollo que heredamos y que se tienen ahí desahogando y cumpliendo desde hace mucho tiempo. No bueno, sí fue enorme”, resaltó este viernes en conferencia de prensa.
No obstante, reconoció que confía en que el capital sea utilizado por las armadoras multinacionales para detonar proyectos de interés económico para el estado: “Damos por hecho que es para bien del desarrollo económico de Puebla”.
Asimismo, reveló que su administración investiga las asignaciones de las Asociaciones Público Privadas (APPs) firmadas a favor de particulares en gobiernos pasados. Particularmente se enfocó en el caso de la Plataforma AUDI, cuyo contrato fue promovido y aprobado por Moreno Valle Rosas.
“El fraude que hicieron en la Plataforma Audi se va a investigar y se va a sancionar, que nada tiene que ver la empresa (…) Es un contrato de desarrollo de hasta 140 obligaciones [y] ya estamos muy avanzados en su revisión, pero estamos en muy buenos términos (con Audi)”, señaló.
Hay que recordar que fue en septiembre de 2012 cuando el gobierno de Puebla pactó con Audi la firma de un convenio en el que se pretendía brindar facilidades a la armadora, para que su instalación en la entidad fuera exitosa y beneficiosa para la economía.
Según consignó la organización Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad, este contrato interpuso diversas medidas perjudiciales para el Estado poblano, encabezado entonces por Moreno Valle Rosas, pues, además de las irregularidades en la compra del terreno de mil 667 hectáreas situado en San José Chiapa, el gobierno condonó diversas obligaciones fiscales a la empresa, entre otras acciones.
Inclusive, la organización expuso que la llamada Plataforma Audi permitió que el proyecto de instalación de la planta se hiciera por adjudicación directa, dejando así en la opacidad el ejercicio de recursos y la selección de empresas.
