Las próximas reformas a la Ley de la Benemérita Universidad deberán ser revisadas a fondo pero, de acuerdo con lo expuesto por Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la BUAP y Miriam Olga Ponce Gómez, abogada general, las propuestas se perfilan para reestructurar de fondo la institución pública con el fin de mejorar la forma en la que se impartir educación a miles de estudiantes, coincidieron el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Antonio López Ruiz y la legisladora local del Partido Acción Nacional (PAN), Aurora Sierra Rodríguez.
En entrevista con El Sol de Puebla, ambos dijeron que hasta el momento no cuentan con el proyecto pero están a la espera de recibirlo para analizarlo y en caso de ser posible aprobarlo antes del 31 de julio, fecha en la que concluye el periodo ordinario en curso.
El primero mencionado argumentó que la ley debe actualizarse conforme pasan los años porque cambia el panorama social que atraviesa la universidad. Enlistó que los estudiantes que asisten a clases son diferentes a los de generaciones anteriores, así como sus necesidades y demandas.
“Hay leyes que se tienen que estar actualizando constantemente porque a nivel social las demandas que existen son otras, las necesidades son otras, entonces hay que analizarlo, hay que verlo (…) siempre es necesario estar pendientes de la actualización”, expresó.
Por su parte, Aurora Sierra, integrante de la Comisión de Educación, celebró la apertura de la institución para renovar su ley y expresó que se corregirán las inconsistencias con las que cuenta.
Recordó que, entre las reformas más importantes se encuentra modificar el artículo 3 de la ley que cataloga a la BUAP como un organismo autónomo, por lo que se le atribuyen obligaciones propias de órganos de dicho tipo, aunque no cumple con esas funciones.
Se corregirán vacios legales
Desde su perspectiva, la reestructuración que tendrá la Máxima Casa de Estudios será similar a la que vivió el Poder Judicial para mejorar la importación de justicia.
Adelantó que se corregirán los vacíos legales, se especificarán las obligaciones y responsabilidades de los diferentes órganos que conforman la universidad.
“Busca corregir las inconsistencias presentadas de la legislación actual que rige a la institución de gran importancia (…) es necesario cambiar esta discrepancia (…) es acertado decir que se van a abordar los inconvenientes presentes en la ley vigente. Por ejemplo, la falta de claridad en los textos, el desarollo de las unidades académicas”, dijo.
Propone incluir normativas que garanticen la protección de las libertades de quienes conforman la universidad, el combate a la violencia de género y discriminación, así como al cuidado del medioambiente.
El proceso establece que la BUAP remitirá el documento al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien remitirá el proyecto al Congreso de Puebla.
Después de que el parlamento lo reciba es turnado a las comisiones correspondientes, luego se envía al pleno y en caso de avalarse se publica en el Periódico Oficial del Estado (POE) para su entrada en vigor.
Cabe mencionar que la Ley de la BUAP cuenta con seis capítulos que contienen 31 artículos, seis de ellos transitorios. En ellos se recapituló que en noviembre de 1956 le otorgaron a la institución la categoría de autónoma y en febrero de 1963 publicaron la ley que hasta la fecha se mantiene vigente.
En el primer capítulo se establece su objeto y facultades, en el segundo habla de su patrimonio, en el tercero los órganos de gobierno que lo componen, el cuarto habla del estatuto que rige la vida universitaria y el quinto las relaciones laborales.
Uno de los elementos que planea eliminar es la edad máxima como requisito para ocupar el cargo de la rectoría que actualmente determina los rectores deben tener menos de 65 años el día de la elección.