Dos decretos presidenciales, sobre la sustitución gradual del herbicida glifosato, el uso de semillas genéticamente modificadas y la libre importación de alimentos de la canasta básica, junto con una iniciativa de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico para prohibir el uso de agroquímicos, amenazan hoy al sector agroalimentario mexicano con mayores problemas que los que dichos ordenamientos se proponen resolver.
El 31 de diciembre de 2020, el Gobierno de México emitió un decreto para establecer las acciones que deberán realizar las dependencias federales para sustituir el herbicida glifosato por alternativas sostenibles que mantengan los niveles de producción, cuiden la salud de la población, la biodiversidad cultural y el medio ambiente, estableciéndose un periodo de transición desde su entrada en vigor hasta el 31 de enero de 2024. El mismo decreto establece la prohibición de utilizar semillas de maíz transgénico.
El 20 de febrero del 2022, a iniciativa del diputado Eduardo Murat Hinojosa, la Cámara de Diputados aprobó por 478 votos, diversas reformas y adiciones a disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para regular el uso de plaguicidas altamente peligrosos. Según el proponente, en México se han reportado 180 plaguicidas peligrosos, de los cuales 140 de ellos están prohibidos en otros países por su probable impacto a la salud humana.
Asimismo, el 19 de octubre del 2022, el Gobierno de México emitió un Decreto por el que se exenta el pago de impuesto de importación y se otorgan facilidades administrativas a diversas mercancías que hagan las empresas importadoras de productos de la canasta básica acreditadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP).
Aunque originalmente se informó que se exentaría de los trámites burocráticos y de las regulaciones sanitarias, en forma muy atinada y prudente, el artículo cuarto del decreto anunciado desde inicios de octubre instruye a las dependencias involucradas el coordinarse para el cumplimiento de las facilidades administrativas, sin detrimento de la observancia de la aplicación de la normatividad establecida.
Respecto de la prohibición del uso de glifosato y agroquímicos, es necesario recordar que en el campo nacional viven 30 de los 127 millones de mexicanos. Nuestro país ocupa el 3er. lugar en producción agropecuaria en América Latina y el 12do. lugar del mundo. Cuenta con 11 mil kilómetros de litorales, 109 millones de hectáreas de uso ganadero y, una frontera agrícola de 26.9 millones de hectáreas. Se obtienen anualmente 268 millones 111 mil 420 toneladas de productos agrícolas con un valor de 858 mil 090 millones de pesos en una superficie de 20 millones 801 mil 780 hectáreas.
El sector agroalimentario nacional, está integrado por más de 8 millones de mexicanos, representa el 8.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y tiene un crecimiento anual del 3.1 por ciento que supera al crecimiento de la economía nacional de 1.8 por ciento. Esto significa miles de millones de pesos en divisas e ingresos fiscales para el país.
Según el Consejo Nacional Agropecuario, el campo mexicano utiliza productos de protección de cultivos que además de atender al mercado interno, permiten exportar a 50 países con los que México tiene tratados comerciales y, cuyos productos son avalados a través de prácticas agrícolas que aseguran cero residuos y que son aceptados por las normas internacionales de comercio observadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Así, nuestro país ha logrado ser el décimo exportador mundial de alimentos, formando parte de los 188 países miembros de Codex que han negociado recomendaciones de base científica en todos los ámbitos de la inocuidad y calidad agroalimentaria.
Una de las fallas más comunes de los gobiernos, en sus diferentes órdenes, es pretender resolver en 3 o 6 años problemas y necesidades añejas. En el tema que nos ocupa y sin recurrir a la típica búsqueda de culpables, no existen aún alternativas para una prohibición de agroquímicos en el corto plazo.
Al igual que las tecnologías como la agricultura de conservación, el riego tecnificado, los biofertilizantes, bioplaguicidas y las prácticas agroecológicas, necesitan de un sólido plan de investigación y desarrollo tecnológico y un plazo no menor a 10 años y no mayor a 15 para una transición exitosa. Es muy necesaria por el grado de contaminación generado, pero requiere de una política pública agroalimentaria, agroecológica y sustentable que hoy no se tiene, pero tampoco se propone.
El uso de transgénicos sigue manteniendo divididas por mitad las opiniones públicas, no hay contundencia en los impactos negativos ni en los beneficios a la productividad. Como mexicano creo que en maíz no debe permitirse, porque somos centro de origen y tenemos muchas opciones genéticas locales si apoyamos el desarrollo de la industria semillera nacional. En otros cultivos y especies, es posible que ante la crisis alimentaria que se avecina, deban considerarse.
Y, con relación a la exención de revisiones sanitarias que originalmente se anunció y hoy se corrige sabiamente, no podemos olvidar que contamos con un Sistema de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), reconocido por propios y ajenos, mismo que ha permitido que de las 92 enfermedades animales, de las mil 247 plagas agrícolas y de las 45 plagas acuícolas del mundo, 56, mil y 39, respectivamente, no estén en México.
