La presumible comisión de un hecho delictivo podría poner contra las cuerdas la relación de cordialidad que hasta hace un día mantenían la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a través de la rectora Lilia Cedillo Ramírez, y el ayuntamiento de Puebla, a través del edil Eduardo Rivera Pérez.
Un incidente fortuito, en el que no tuvieron nada que ver Cedillo y Rivera, ocupaba hasta ayer por la noche la expectación de la opinión pública en la ciudad capital, por la detención de dos estudiantes de la facultad de Ciencias Físico Matemáticas de esa universidad.
Leonardo y Edgar, dos jóvenes de 22 años, fueron protagonistas de una detención efectuada por la policía municipal tras haber sido acusados de robo por la encargada de una tienda de conveniencia.
La proliferación de teléfonos móviles hizo que el hecho pudiese ser grabado y difundido en redes sociales, lo que provocó la indignación de la comunidad universitaria, que inmediatamente interpretó el suceso como un abuso de autoridad, un exceso de fuerza y la maquinación de un falso delito.
La secretaria de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, salió en defensa de sus subordinados y afirmó que no hubo ningún exceso de la fuerza, confirmó la versión del robo e, incluso, acusó a uno de los universitarios de haber golpeado a una mujer policía.
La BUAP, por su parte, emitió un comunicado para condenar cualquier tipo de violación a los derechos humanos y anunció que el caso sería revisado por el área jurídica de la institución.
Mientras las representaciones institucionales se ocupan de defender a los suyos, como corresponde, grupos de estudiantes se organizaron para protestar en las calles y exigir la liberación de sus compañeros.
El ambiente político y social que impera en estos momentos en Puebla y el país no requiere de un nuevo incidente que justifique más polarización.
La Comuna debe agilizar sus investigaciones para exponer lo que en realidad pasó y ofrecer disculpas si es necesario. La universidad, por su parte, llamar a la calma a los alumnos, para convencerlos de llevar esta causa por la vía pacífica, sin que ello signifique claudicar.
Un importante reto social y político para todos, incluido el gobernador Miguel Barbosa y su Secretaría de Gobernación, que no es ajena a lo que ocurre.
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Quien al interior del Consejo Coordinador Empresarial esperaba que se llegara a un acuerdo previo a las votaciones del 22 de noviembre para elegir nuevo presidente, para definir un candidato de unidad o candidato único, se quedará con las ganas, porque los cuatro aspirantes registrados han optado por abandonar esa posibilidad.
En el pasado, la renovación de presidente en el organismo que la hace de cúpula empresarial en el estado tenía un paso intermedio entre el registro de candidaturas y la fecha establecida en la convocatoria para elegir al ganador.
En ese paso, los aspirantes eran sometidos a una votación preliminar, extraoficial y cerrada solo a unos cuantos privilegiados dentro del CCE, para seleccionar por anticipado al ganador.
Después de definirlo, se presentaba a la última fase del proceso como candidato de unidad, de manera que se evitaba desgaste y se arropaba a un personaje presuntamente elegido a partir del consenso de los integrantes.
Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco quiso repetir la fórmula para dejar a su sucesor, pero las circunstancias y la tenacidad de los cuatro candidatos se lo impidió.
El martes 22 del mes en curso habrá elección de dirigente en el CCE.
No hay marcha atrás.
