Al ser electo el presidente López Obrador, se comprometió a ejercer un gobierno responsable y abierto a la crítica, entre otras declaraciones que no solo eran relevantes sino importantes; señalaba que las legítimas divergencias enriquecerían las políticas públicas que el país le mandato a través del voto.
Sin embargo, a un poco más de cinco años de su gobierno, López Obrador ha sometió al poder legislativo, para sacar todos sus proyectos sin cambiarles una sola coma y, es lamentable señalar que los legisladores no tuvieron la visión de fijar y perfeccionar políticas públicas, ante los compromisos, demandas y el rezago social, insisto que los ciudadanos les demandaron en las urnas.
En general los partidos políticos representados por los legisladores debieron posicionarse sobre cuestiones viables y trascendentes al reto de la vida nacional, es decir, que el resultado legislativo se hubiese convertido en acción pública, no en demagogia para hacer tangible el avance social.
Sin duda alguna, la actividad parlamentaria en México debe ser la más importante para asegurar una verdadera democracia; los legisladores deben estar conscientes que el encono, la ideologización y los mitos sin rumbo que, aparte de ser un espectáculo denigrante, evidencian la mala imagen de nuestros legisladores.
Por tal razón, uno de los principios que deben tomar en cuenta nuestros representantes en el congreso, es su vinculación con sus electores y la opinión pública, para poder construir un eslabón sólido entre la Sociedad y el Estado. En mi opinión el poder Legislativo es donde se refleja la legitimidad de una nación.
En otro ámbito, la ciudadanía establece que las autoridades ignoran muchos de los acuerdos (en campañas políticas), lo que lleva a reflexionar sobre lo limitado de los instrumentos y mecanismos de participación para exigir la aplicación de los programas y, en la actualidad, la participación ciudadana la utilizan solo para legitimar o justificar acciones de la autoridad y el de los grupos de poder.
Mientras no se institucionalicen los procesos y la sociedad civil no cuente con los instrumentos sólidos para exigir sus derechos y obligar a los funcionarios a acatar lo que la ciudadanía demanda, no se avanzará en la calidad de la participación y por supuesto en la anhelada democratización.
Hoy en México enfrentamos la peor crisis de violencia de toda nuestra historia, agravándose con la deficiente y errada política de salud pública, que el gobierno minimiza y solo señala su atención a través de estadísticas, sin dimensionar la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento de las víctimas y de sus familias.
Al respecto debemos acostumbrar a vivir con este flagelo, en un marco de impunidad y corrupción, situación que muestra el fracaso de las instituciones, de la ineptitud e indolencia de los gobernantes y de la incapacidad del poder legislativo, el cual es la voz del pueblo ante la más alta tribuna legislativa del país.
Sin embargo, en política no existen casualidades, sino planeación y consecuencias. Y en ese sentido el presidente Obrador ha sido consistente en sus planes desde el principio de su administración; ha logrado erosionar a las instituciones democráticas para que sirvan a sus propios fines, al tiempo que ha logrado dividir a sus adversarios, incluso a los de su propio partido, en el afán de conservar su popularidad.
Y sin ver al futuro, el presidente López Obrador enfoca y atribuye todas sus fallas al pasado, junto con sus aliados y simpatizantes ha inculcado el odio dividiendo al país, estrategia que le ha permitido mantener el control de la agenda pública, para llegar al 2024, un año electoral, donde ira con todo para que continue la 4t. los signos indican que seguirá ese aduciendo al apoyo de los menos favorecidos.
Lo deseable es que hubiese utilizado este activo importante para ejercer un gobierno con rostro humano, privilegiar el dialogo con todas las fuerzas políticas para impulsar la gobernabilidad en la pluralidad; pero lamentablemente opto por ampliar las diferencias sociales y dividir más al país.
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