Los proyectos en tres centros penitenciarios y para el Hospital para el Niño Poblano abarcan el 73.75 por ciento del presupuesto comprometido para la Secretaría de Infraestructura en 2023, que consta de mil 493 millones 969 mil 256 pesos, de acuerdo con la Ley de Egresos que envió el gobierno estatal al Congreso de Puebla.
El pasado martes 15 de noviembre, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció en su conferencia de prensa matutina que ese día serían presentadas ante el Legislativo las leyes de Ingresos y Egresos para el próximo año, mismas que aseguró tendrían una reducción del gasto en la burocracia y priorizarían áreas como la seguridad pública y la salud.
De acuerdo con lo expuesto, el límite presupuestario es de 119 mil 199.9 millones de pesos, de los cuales hay una bolsa de 4 mil 534 millones para los compromisos de las dependencias que conforman el gobierno del estado. De esa cifra mil 493 millones 969 mil 256 pesos son para la Secretaría de Infraestructura.
Del total del recurso, 544 millones 707 mil 297 pesos son para obras que se ejecutarán en el Hospital para el Niño Poblano, lo que representa el 36.46 por ciento. La Secretaría de Infraestructura contempla el proyecto integral para la construcción de la Unidad de Cardiología por 387 millones 095 mil 828 pesos y la planificación para la construcción de la Unidad de Oncología por 157 millones 611 mil 469 pesos.
Además, se espera que 557 millones 191 mil 144 pesos sean invertidos para la rehabilitación y ampliación de los centros penitenciarios de San Miguel, Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán, de los cuales la intervención más costosa la tendrá el reclusorio que se encuentra ubicado en Lomas de San Miguel. La suma de la inversión se traduce en 37.22 por ciento del presupuesto de Infraestructura.
Movilidad, la dependencia con mayor aumento
El incremento al presupuesto de las secretarías de Movilidad, Medio Ambiente Seguridad y Salud, así como el recorte a la dependencia estatal de Economía, Gobernación y Bienestar, también forman parte del paquete económico 2023 que envió el gobierno estatal y será analizado por el Congreso de Puebla.
De acuerdo con el proyecto al que El Sol de Puebla tuvo acceso, la dependencia más beneficiada será la Secretaría de Movilidad y Transporte porque tendrá un aumento del 84.16 por ciento al pasar de 126 millones 930 mil 906 pesos a 233 millones 753 mil 84 pesos.
El aumento de presupuesto para dicha dependencia se dio luego de que el mandatario estatal anunció que su administración tiene varios proyectos contemplados en dicha materia. Uno de ellos es la ampliación del Periférico Ecológico en la zona norponiente del área metropolitana.
La Secretaría de Salud, Seguridad Pública y Medio Ambiente son otras de las dependencias que contemplan un mayor presupuesto para el siguiente año. En lo que respecta a la primera mencionada se espera que cuente con 12 mil 923 millones 512 mil 960 pesos, lo que significa que el aumento sería de 3 mil 583 millones de pesos.
Tal como lo ha mencionado el Ejecutivo local emanado de las filas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), una de las prioridades de su administración es la seguridad para las familias de la entidad, así que, prevé destinar 474 millones 84 mil pesos más que el año en curso. Lo anterior significa que en total el recurso a destinar rebasará los cuatro mil millones de pesos.
La Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial contempla un aumento de recursos de 46 millones 622 mil 287 pesos, lo que se traduce en el 36 por ciento.
Economía con mayor recorte
El Ejecutivo tendrá un recorte presupuestal de 2 millones 764 mil pesos, que se traduce en un seis por ciento menos de los 44 millones 258 mil pesos que le fueron asignados para el año en curso. Para la Secretaría de Economía, a cargo de Olivia Salomón Vivaldo, podrá disponer de 282 millones 574 mil pesos, cantidad con un 35 por ciento menos de lo que recibió este año.
La Secretaría de Gobernación, a cargo de Ana Lucía Hill Mayoral, tendrá un recorte presupuestal del siete por ciento, al igual que la Secretaría de Bienestar de Lizeth Sánchez García, así que contemplan 418 millones 120 mil pesos y 930 millones 358 mil pesos, respectivamente.
El Congreso de Puebla es uno de los poderes que recibirá más recursos el próximo año, el incremento será del 11.2 por ciento, porque estima 255 millones 493 mil pesos. En tanto, para la Auditoría Superior del Estado (ASE) serían 246 millones 722 mil pesos.
Lo anterior, ocurre porque recientemente el Congreso creó la Unidad Técnica de la ASE que deberá vigilar el desempeño de la auditoría para evitar los actos de corrupción. El Poder Judicial recibirá mil 89 millones 414 pesos, recursos que servirán para llevar a cabo las modificaciones necesarias relacionadas a la restructuración del sistema de justicia.
CDH tendrá más presupuesto
La partida presupuestal también contempló modificaciones a los organismos autónomos que engloban la Comisión de Derechos Humanos (CDH), el Instituto Electoral del Estado (IEE), el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública (ITAIPUE) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
La CDH es la que tendría más presupuesto el otro año, porque se contemplan 60 millones 489 mil 216 pesos para la comisión. Dicha cifra supera casi en un 73 por ciento a la que ejerció durante el 2022. El TEEP sería el segundo organismo más beneficiado, porque tendría 24 millones 591 mil 763 pesos y un aumento de casi el 30 por ciento.
El IEE únicamente tendría un aumento de casi el seis por ciento y contaría con 368 millones 587 mil 480 pesos, el ITAIPUE contaría con 19 millones 986 mil 73 pesos, por lo que su incremento presupuestal solo sería menor al tres por ciento. El organismo autónomo con menos incremento sería la FGE porque solo contempla un 1.65 ciento, así que contaría con mil 470 millones 63 mil 705 pesos.
El paquete económico del 2023 fue recibido por la Mesa Directiva y turnado a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público para su análisis, después de ser aprobada será sometida al pleno para la discusión previo a la entrada en vigor.
