Aquella condena que hizo el extinto gobernador Miguel Barbosa de los excesos cometidos por Rafael Moreno Valle para la construcción de inmuebles como el Centro Integral de Servicios, el Museo Internacional del Barroco y las plataformas de la empresa Audi parecen haber sido uno más de esos episodios de estridencia política que no condujeron a nada en concreto.
De la misma forma que en campaña prometió echar abajo la concesión del agua potable a la empresa Concesiones Integrales, dueña de Agua de Puebla para Todos, una vez en el poder Miguel Barbosa denunció la existencia de contratos leoninos que hipotecaron el presupuesto del estado para pagar esas tres de las obras emblemáticas del morenovallismo, por lo que procedió a asegurar que encontraría la forma de terminar con ellos o renegociar las deudas para provocarle un daño menor al erario.
Hoy sabemos que nada de eso ocurrió.
Ayer, en conferencia de prensa, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina reveló que ha sido difícil renegociar los acuerdos con las empresa y añadió que en uno de los casos, el de la firma que construyó las plataformas de Audi, el objetivo se ha complicado todavía más por la intervención de una institución bancaria a la que le fueron transferidos los derechos por el cobro de la deuda.
El gobierno de Barbosa tuvo casi tres años para cumplir lo que prometió y no lo hizo, como muchas otras cosas.
Transcurrido el tiempo se confirma que esa administración estatal de corta duración se dedicó a acusar y juzgar en la palestra pública asuntos que nunca llevó a los hechos, solo para tratar de generar una percepción que lo definiera como un gobierno diferente, honesto pues.
Se presume complejo que el gobierno en funciones, con 15 meses de plazo por delante, pueda concretar negociaciones favorables para las finanzas públicas, pero al menos lo intentará, como parece que ni siquiera se hizo en el pasado.
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El epicentro de la inseguridad en la última semana fue San Miguel Xoxtla, y aun cuando este es el primer acontecimiento de esa magnitud ocurrido en ese municipio, donde se registró un enfrentamiento entre policías y criminales que terminó con saldo de un oficial muerto, no es el primero en la región.
Aquí se ha escrito del recrudecimiento de los hechos delictivos en la región de San Martín Texmelucan, que incluye, además de este municipio, otros como San Matías Tlalancaleca, San Salvador el Verde y Huejotzingo.
La zona ha superado en peligrosidad a lo que hace unos años se conoció como el Triángulo Rojo por el robo de gasolina, pero ha comenzado a tener mayor resonancia que aquella debido a que su ubicación está en un punto estratégico del tráfico automotor en la autopista Puebla-México.
De eso habló precisamente ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Héctor Alberto Sánchez Morales hizo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en el estado, de manera que lleguen más inversiones nacionales y extranjeras.
Reveló que actualmente los proyectos de inversión no están fluyendo como se esperaba, pues se están concretando de manera lenta debido a varios factores; uno de ellos, la inseguridad.
El líder empresarial puso como ejemplo el caso de Xoxtla.
La buena noticia es que en el gobierno del estado están al tanto de los acontecimientos y no le dan la espalda al problema.
Por eso fue que dos semanas atrás el propio mandatario Céspedes Peregrina anunció una inversión millonaria para la rehabilitación de los arcos de seguridad, de los cuales uno se ubica justo en ese tramo de la autopista.
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Alejandro Armenta reculó.
Hace meses dijo a sus cercanos que dejaría el senado para hacer precampaña una vez que terminara su periodo en la presidencia, lo que sucedió el jueves.
Ayer dijo que dejará la curul hasta que salga la convocatoria de Morena para elegir candidato al gobierno del estado y, atención, solo si entre los requisitos establecidos en el documento se pide separarse del cargo de representación popular que ostenten los aspirantes.
