Antes del 15 de diciembre debe ser analizada en el Congreso del estado la petición de los presidentes municipales para cobrar el Derecho por Alumbrado Público a los habitantes de sus demarcaciones, entre ellos la de Eduardo Rivera Pérez, de Puebla.
Por el tamaño del municipio y por las discusiones políticas y públicas que generó la misma petición el año pasado, el caso de Puebla es el que ocupa la mayor atención de los observadores, quienes todavía no tienen la certeza de que Rivera Pérez vaya a recibir el visto bueno de los diputados.
“Si los panistas lo aprueban, los de Morena no tendremos ninguna objeción en hacerlo”, ha dicho el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, y líder de los morenistas, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, frente al deseo del alcalde de Puebla.
La advertencia no es gratuita.
En 2021, Rivera Pérez ya tenía el aval de la fracción mayoritaria en el Poder Legislativo, incluso el apoyo del gobernador Miguel Barbosa, pero no pudo conseguir el respaldo de los nueve diputados locales que, se supone, coinciden con él en ideología, estilo y estrategias de gobierno, por emanar todos del mismo partido.
La falta de acuerdos entre el edil y los diputados locales impidió que el cobro del DAP fuese incluido en la Ley de Ingresos correspondiente al 2022, para el municipio de Puebla. Se supone que esa experiencia evitará que este año se cometa el mismo error político. Sin embargo, hasta ayer por la tarde Eduardo Rivera había tendido puentes para ese fin solo con cuatro legisladores.
A saber: Mónica Rodríguez, Karla Rodríguez Palacios, Aurora Sierra Rodríguez y Oswaldo Jiménez López.
Los otros cinco: Guadalupe Leal Rodríguez, Nancy Jiménez Morales, Eduardo Alcántara Montiel, Érika Valencia Ávila y Rafael Micalco Méndez, no habían sido considerados para el cabildeo.
Hablar con todos es necesario por un importante detalle.
Ayer mismo, Alcántara Montiel, todavía con la representación oficial de la bancada, declaró que cada uno de los nueve diputados panistas es libre de votar como quiera.
Eso significa que los enlaces del presidente municipal o él mismo tendrán que dialogar con los nueves, si es que buscan el respaldo de todos.
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Obligado por las circunstancias en el camino hacia la sucesión en Puebla, el senador Alejandro Armenta Mier ha dicho a sus colaboradores más cercanos, aquellos que explícitamente lo apoyan para tratar de ser candidato a gobernador, que se mantendrá en Morena, pese a que eso le cueste llevar a cabo una ruptura pública con su mentor, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila.
Armenta considera que no es tiempo todavía de tomar una decisión radical en caso de que las condiciones no le beneficien en su proyecto político personal y ha decidido esperar hasta el final, hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador defina a quién quiere como candidato a gobernador (o gobernadora) en Puebla, para las elecciones locales del 2024.
Esa es una postura sensata.
No tendría sentido romper desde ahora, cuando no hay claridad en la identidad del futuro abanderado, si todavía tiene posibilidades de aspirar a una postulación por la que claramente compiten tres bloques: el de Ignacio Mier Velazco, el de los aliados del gobernador Barbosa y él mismo.
Así que si se cuenta usted entre los curiosos que esperan la salida de Armenta de Morena, una vez que se concrete la de Monreal, y si es que lo aceptan en otro partido político, aguarde un poco más, tal vez un año, hasta que exista certeza acerca del rumbo que tomará la sucesión en el bando del partido presidencial.
Un punto importante que ha comenzado ha tener claro el senador, aunque no vaya a reconocerlo ante los medios de comunicación, es que no podrá componer su relación con el actual inquilino de Casa Aguayo.
Allá reniegan de él por los hechos de 2019 y no habrá marcha atrás en el distanciamiento.
