El discurso oficial de los sistemas de procuración de justicia en la entidad, que estigmatizan a las personas que forman parte de las “ausencias voluntarias”, es decir, que desaparecen por decisión propia, da cuenta de la situación en riesgo en el que son colocadas y de la inacción que hay en la entidad, pese a que el Estado está obligado a la búsqueda inmediata de las personas no localizadas sin importar la condición.
Lo anterior manifestaron integrantes de la Universidad Iberoamericana Puebla mediante un pronunciamiento, en donde condenaron dichos discursos de desacreditación o menosprecio a la búsqueda de estas personas.
“Manifestamos nuestra preocupación respecto a este tipo de narrativas, que estigmatizan a las personas que por distintas razones se ven obligadas a salir de sus hogares y manda también un mensaje de inacción estatal respecto de su responsabilidad con la búsqueda inmediata”, expusieron.
Como ejemplo, recordaron que el 19 de octubre de 2023, el titular de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE), Gilberto Higuera Bernal, informó que de enero a septiembre de este año se han localizado a 1,290 personas que habían sido reportadas como desaparecidas, tras lo cual precisó que, de estas, 1,105 fueron “ausencias voluntarias”.
De esto, precisaron que el número tan alto de ausencias voluntarias no responde a un afán personal, sino que da cuenta del contexto de violencia en el entorno familiar o social que puede predisponer a la presunta comisión de un delito.
“Consideramos muy importante subrayar que este tipo de ausencias no equivale a la simulación de una desaparición, la cual podría configurarse como un hecho ilícito”, subrayaron.
Asimismo, hicieron énfasis en que la no localización de una persona obliga al Estado a iniciar su búsqueda inmediata, de acuerdo con el Protocolo Homologado de Búsqueda.
De acuerdo con el Protocolo, esta obligación implica el despliegue urgente de las primeras acciones tendientes a localizar y, de ser necesario, brindar auxilio a una o más personas cuya desaparición o no localización sea de conocimiento de la autoridad, sin importar que se presuma o no que la comisión de un delito está relacionada con su ausencia.
“Frente a la grave crisis de desaparición en el país, es imprescindible que las autoridades asuman responsa blemente su obligación de adoptar con celeridad y exhaustividad todas las actividades de búsqueda e investigación necesarias, dirigidas a determinar el paradero de las personas desaparecidas, independientemente de las razones de la desaparición o no localización”, finalizaron.
