Desde el 2019 y hasta abril de este año se tiene un registro oficial de 81 menores de edad que quedaron huérfanos en el estado de Puebla debido a que sus madres fueron víctimas de feminicidio. Para activistas de género y especialistas en salud mental, estos menores son “niños invisibles”, pues no hay políticas públicas para darles apoyo social, económico y hasta psicológico luego de la pérdida que sufrieron.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer la lista de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio. Esto lo hizo a través de la solicitud de información de número 210421522000612, la cual es pública en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
El desglose de información que se encuentra en ese documento es el siguiente: para el año 2019, la Fiscalía poblana tuvo registro de 11 niños que quedaron huérfanos porque su madre fue asesinada por cuestión de género, de esta cifra, cuatro fueron masculinos y siete mujeres. En el 2020 la cifra se elevó a 33 casos, siendo el año -hasta el momento- con más huérfanos por feminicidio. Se trató de 10 hombres y 23 niñas.
En el 2021 se registraron 32 casos, siete niños y 25 niñas huérfanas porque su madre fue asesinada de manera violenta. Mientras que de enero al 30 de abril de este 2022 fueron registrados cinco casos, tres de ellos correspondientes a varones y dos a mujeres. Estas son las cifras de reportadas de manera oficial, relacionadas con los asesinatos que la Fiscalía General del Estado sí catalogó como feminicidio.
En el estado de Puebla no hay políticas públicas específicas que se ocupen de la atención a los niños huérfanos por este tipo de hechos, ni a ellos, ni a sus nuevos tutores. Sólo la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) puede brindar acompañamiento restaurativo a quienes sufrieron directa o indirectamente alguna violación a sus derechos humanos, pero este se debe solicitar.
Víctimas invisibles de los feminicidios
Para Cinthya Ramírez, presidenta de REDfine, organización que se dedica a defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como sus derechos humanos, es importante visibilizar a las otras víctimas de los feminicidios y generar políticas públicas que estén enfocadas en las hijas y los hijos de las mujeres que son objeto de ese delito.
“Los feminicidios de sus madres los dejan en vulnerabilidad de muchos tipos, sería importante analizar con quiénes se quedan las infancias, que en la mayoría de veces son las y los abuelos. Las condiciones de desigualdad afectarán el desarrollo de las niñas y los niños adolescentes”, opinó.
La activista en temas de género cree que no solamente los gobiernos tienen una responsabilidad con el acceso a la justicia en casos de feminicidio, sino también la obligación de hacer análisis y estudios sobre qué es lo que pasa con las familias de las mujeres que son asesinadas.
Inclusive, advierte que estos menores de edad podrían estar en peligro, ya que no hay medidas de protección para ellos que brinden las autoridades. Por otro lado, también habló del tema económico, pues desde su óptica, es un impacto que no se tenía contemplado para quienes se hacen cargo de ellos.
“Retomaría algo que visibilizó el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón y que la Ley Monzón ha tratado de poner en la agenda pública, que es la protección a las infancias y la pérdida de derechos por parte de los padres cuando son presuntos responsables. Se necesitan esfuerzos interinstitucionales, desde legislar hasta generar programas en las dependencias de gobierno. Aún existe una deuda con las otras víctimas de los feminicidios”, puntualizó.
Natalí Arias, directora de CAFIS, una organización civil que trabaja en favor de los derechos humanos y que busca incorporar la perspectiva de género como valor fundamental, también cree que estos menores son invisibles para las autoridades, pues los dejan en el olvido luego del lamentable deceso de su mamá.
“Desafortunadamente, en casos de feminicidios no se han generado las acciones adecuadas y pertinentes para la dimensión de esta problemática, pese a que la ley de víctimas contempla medidas de seguridad y reparación para las víctimas indirectas de este tipo de delitos y medidas para víctimas potenciales”, expuso.
Recordó que, en Puebla, una de las medidas de justicia y reparación derivada de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es que el estado “genere una estrategia que permita garantizar a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio y víctimas directas o indirectas recibir servicios integrales de atención temprana y garantizar los servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados, así como de educación y alimentación”. Empero, esto no ha ocurrido.
Para Griselda Torres Zambrano, periodista enfocada en derechos humanos, género, migración y política, los huérfanos del feminicidio y sus familias enfrentan solos al golpe de quedarse sin padres, sin tratamiento psicológico y sin dinero, es decir, que se vuelven invisibles ante el Estado.
El apoyo psicológico debe ser una obligación
En el trabajo de investigación denominado “Huérfanos del feminicidio, los niños invisibles”, Torres Zambrano asienta que el apoyo psicológico es una de las grandes deudas con los huérfanos y sus cuidadores, pues luego de la muerte de las madres se quedan sin la posibilidad de cerrar círculos, vivir duelos y superar el trauma. Además, se enfrentan a su vida cotidiana con el fantasma del asesinato de su madre y con el miedo de que el agresor regrese.
“Son familias con la vida trastocada, abuelos sin custodias legales, con ingresos económicos limitados y con miedo a que los agresores aparezcan algún día, así prevalece el silencio social sobre el feminicidio (…) es un serio problema el de la atención de los huérfanos del feminicidio, porque si las víctimas están en algunas ocasiones invisibilizadas, los huérfanos y huérfanas del feminicidio no aparecen en los registros. Y eso no es un tema de casualidad, sino que tiene que ser un tema de responsabilidad de los gobiernos locales”, publicó en su trabajo.
Por su parte, la psicóloga Erika Zuleim Espinoza compartió a El Sol de Puebla que es muy importante que el menor tome tratamiento de salud mental, para que su niñez y adolescencia transcurran lo más sanas posible.
Asimismo, consideró importante que estos huérfanos sean atendidos de manera gratuita y reciban ayuda de un profesional de la salud mental lo antes posible; y no sólo él o ella, sino todos los miembros de la familia que estén involucrados en su educación.
Como especialista, alerta que si el menor no recibe ayuda profesional, cuando sea grande podría replicar conductas violentas y esto debería importar a las autoridades, pues uno de sus trabajos es la prevención de los delitos.
“El menor se verá afectado en todos sus ámbitos emocionales, sociales, cognitivos; además de que, claro, (en el futuro) puede replicar los hechos de violencia observados si no lleva una correcta intervención terapéutica (…) Es importante que el menor sea atendido por un profesional de la salud mental, además de todos los miembros de la familia que estén involucrados en su educación puedan ser orientados y no se sientan solos en el camino”, finalizó.
