De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda, en México hay 6, 179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del país; de ellas 53 % son mujeres y 47 % son hombres.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias que afectan una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad para ejecutar tareas y las restricciones de la participación en situaciones vitales.
Las personas con discapacidad son recurrentemente discriminadas y tienen menos probabilidades que otras de estar empleadas y, cuando están empleadas, es más probable que lo estén en el sector informal. Asimismo, la falta de ingreso les representa una carga desproporcionada y sus hogares que normalmente enfrentan gastos adicionales, relacionados justamente con la discapacidad (vivienda y equipos accesibles, dispositivos de asistencia, bienes y servicios específicos, etc.), los lleva más rápidamente a la pobreza.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siete de cada 10 personas con discapacidad en el mundo carecen de empleo y, en el caso de quienes sí cuentan con uno, las condiciones laborales son en su mayoría precarias y limitadas, lo que genera una profunda exclusión de este sector de la población.
La exclusión, en términos del Mtro. Andrés Ramiro Azuero Rodríguez; consiste en la interacción de factores que dificultan o impiden el desarrollo pleno de la persona y afectan negativamente a los diferentes aspectos del desarrollo humano, como la privación económica (ingresos insuficientes), social (ruptura de lazos sociales o familiares) y política (incapacidad de participar en las decisiones que afectan su vida o participación).
En México, las empresas con menos de 50 trabajadores no están obligadas a integrar personas con discapacidad a su personal ni a realizar modificaciones de infraestructura para su incorporación, además, únicamente el 25 por ciento de las empresas tienen iniciativas para fomentar la inclusión en su cadena de valor.
En el aspecto educativo, las personas con discapacidad tienen menos probabilidades que otras de completar la educación y más probabilidades de quedar totalmente excluidas de la escolarización y, en los casos que son limitados en los que, continúan estudiando enfrentan barreras debido a la ausencia de infraestructura, equipos y materiales adecuados para la enseñanza-aprendizaje. En consecuencia, muchos estudiantes con discapacidad se están quedando atrás, en particular, aquellas con discapacidad intelectual.
Para no vulnerar los derechos humanos de este sector de la población, es necesario promover en el ámbito público y privado, una cultura de inclusión social, este concepto está estrechamente ligado a la equidad. El Banco Mundial, lo define como: el proceso de empoderamiento de personas y grupos para que participen en la sociedad y aprovechen sus oportunidades. Da voz a las personas en las decisiones que influyen en su vida a fin de que puedan gozar de igual acceso a los mercados, los servicios y los espacios políticos, sociales y físicos.
Además, no debemos olvidar que, hay instrumentos internacionales que tutelan los derechos de las personas con discapacidad tales como: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en nuestras leyes nacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se establece el derecho de nacer libres e iguales ante la ley, prohíbe todo tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad; la Ley General de Personas con Discapacidad que establece las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida; el Registro Nacional de Población con Discapacidad, que expide los certificados de discapacidad, elabora modificaciones del certificado de nacimiento, entre otras.
Las discapacidades son una condición humana de la que nadie está exento.
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Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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